En declaraciones con Télam, el presidente de la Cámara Argentina de Energías Renovables (CADER), Marcelo Álvarez, asignó particular importancia al actual debate parlamentario en torno del proyecto de ley de “generación distribuida“, que “beneficiará a industrias y consumidores hogareños, ya que podrán acceder a tecnología que permita inyectar más electricidad al sistema en momentos de mayor demanda“.
Álvarez adelantó además que -si se aprueba esa iniciativa- “tendremos condiciones económicas favorables para la utilización de este tipo de tecnologías, para la creación de 60.000 puestos de trabajo en el país y para lograr mejoras en la cadena de valor industrial“.
El contexto de las iniciativas en materia de energía solar está determinado -en parte- por la Ley 27.191, que se sancionó en 2015 y que apuntó al Régimen de Fomento Nacional para el Uso de Fuentes Renovables.
Oportunamente, el Gobierno Nacional declaró “de interés nacional la generación de energía eléctrica a partir del uso de fuentes de energía renovables con destino a la prestación de servicio público como así también la investigación para el desarrollo tecnológico y fabricación de equipos con esa finalidad“.
En esa norma se estableció que había que generar, para el año 2018, “fuentes de energía renovables hasta alcanzar el 8% del consumo eléctrico nacional y el 20% para el 2025“.
Asimismo, con los contratos de RenovAr, se propuso mejorar y ampliar la generación eléctrica a través del uso de fuentes renovables y limpias que contribuyan al cuidado del medio ambiente, y el reemplazo de combustibles fósiles. Allí se inscribe la decisión de incorporar 300 megavatios solares al sistema nacional.
El presidente de CADER consignó que “actualmente, sólo tres provincias del país cuentan con normativas para que usuarios particulares puedan inyectar energía renovable a la red: Santa Fe, Salta y Mendoza“.
Pronosticó que el sistema podrá incrementar la producción si mejoran las condiciones tarifarias y se generaliza la legislación hacia otros distritos de la Argentina.
“Un sistema fotovoltaico de 1,5 KW cuesta aproximadamente 90.000 pesos, por lo cual se recupera la inversión en un plazo de entre 7 y 8 años, con tarifas promocionales a cargo de los Estados locales“, precisó.
Aclaró, no obstante, que “las perspectivas serán más alentadoras a medida que se vayan actualizando las tarifas”, situación que posibilitará que “este plazo vaya disminuyendo hasta convertirse en una opción conveniente para usuarios residenciales, comerciales o industriales“.
Los empresarios consultados se refirieron a la denominada “bi-direccionalidad, o sea la posibilidad de entregar, a la red, energía producida en el hogar“.
“El mercado entre privados se irá expandiendo con el paso del tiempo y permitirá una diversificación federal de la matriz energética, tal como ocurre en Chile“, concluyó Álvarez.
Fuente: Télam.
